(Abc.es) Bruselas considera verde el gas y la energía nuclear

La Comisión Europea ha aprobado finalmente el reglamento sobre la llamada Taxonomía Verde en la que ha decidido incluir las centrales eléctricas de gas y nucleares como «un medio de transición» a una economía descarbonizada. Un grupo importante de países en el que figura España no está de acuerdo con esta decisión, pero no parece probable que puedan sumar apoyos suficientes en el seno del Consejo para anular esta decisión que ha de ser probada por el Parlamento Europeo en los próximos cuatro meses.

Los expertos de la Comisión justifican este polémico paso por la necesidad de atraer las gigantescas inversiones que tendrán que venir del sector privado ya que el sector público no tiene capacidad para ello y, en este sentido, la categorización de las inversiones esperan que sirva para orientar el dinero.

Los países y grupos de interés que se oponen a esta decisión sostienen que será al revés, que aumentará la desconfianza y retrasará los objetivos de descarbonización de la economía europea. Detrás de todo esto está también el concepto de «finanzas sostenibles» que concierne a miles de potenciales inversores, incluyendo grandes fondos de todo el mundo.

En todo caso, más allá de los equilibrios políticos entre países que como Francia todavía dependen de la energía nuclear o Alemania que necesita del gas pero se opone a la nuclear, aunque no llega al activismo de Austria que ha amenazado con denunciar por esto a la Comisión ante el Tribunal de Luxemburgo, el principal hecho que parece haberse tenido en cuenta es que las renovables no son todavía capaces de garantizar el suministro de electricidad sin el respaldo de estas tecnologías, aunque los objetivos de reducción de emisiones se mantengan. Según fuentes de la Comisión, esta controvertida decisión pretende servir para «usar todas las cosas que tenemos a nuestra disposición para alcanzar los objetivos climáticos» y acelerar la transición. La Comisión insiste en que incluirlas en la taxonomía «no les concede una etiqueta verde porque no son neutrales ni renovables» sino que se clasifican como «actividades de transición» y quedan sometidas a requisitos técnicos muy estrictos, pero alcanzables, al menos en parte.

En el caso de la nuclear, las nuevas plantas deben obtener un permiso de construcción antes de 2045 y mostrar planes detallados y creíbles para tener en 2050 una instalación de almacenamiento a gran profundidad de los residuos radiactivos de alto nivel. Finlandia sería el país que más ha progresado en este tema. Además, el desarrollo de los combustibles tolerantes a accidentes (ATF) concebidos después de lo que pasó en Japón, deberá ser una realidad antes de 2025, lo que podría revelarse como muy difícil.

Por lo que respecta al gas, las nuevas instalaciones deben reemplazar una central eléctrica de carbón ya existente y estar construidas antes del 31 de diciembre de 2030. Además, deben estar diseñadas para funcionar posteriormente al 100% con combustibles renovables o bajos en carbono antes del 31 de diciembre de 2035 y durante su vida útil deben lograr una reducción de las emisiones de al menos un 55 % respecto a la central que han sustituido. Las emisiones directas deben ser inferiores a 270 gramos de CO2 por kilovatio.

Uno de los cambios que la Comisión dice haber introducido en la en la reglamentación aprobada respecto a las anteriores versiones se refiere al aumento de la transparencia en todos los pasos de estas actividades para que los inversores puedan identificar cuales van a desembocar en qué actividad y los consumidores puedan elegir también las que se ajusten a sus preferencias.

En todo caso, cada país podrá seguir decidiendo qué mix energético quiere usar y según la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, la decisión de la Comisión «no representa ninguna política energética» europea sino que cada país «sigue siendo libre de elegir si quiere o no usar estas energías».

La propuesta de taxonomía ya definitiva con la inclusión del gas y nuclear es una decisión delegada que ha tomado la Comisión. Esta fórmula jurídica funciona al revés que la legislación ordinaria y pasa ahora al Parlamento Europeo y al Consejo donde están representados los estados miembros, que tienen cuatro meses para analizarla. No pueden hacer cambios a la propuesta y solo pueden decidir rechazarla en caso de que formen una mayoría de al menos 20 países que sume el 65% de la población, lo que parece muy improbable. Tanto el Consejo como el Parlamento podrían pedir dos meses adicionales de tiempo de análisis, pero se da por hecho que sería muy difícil que esta propuesta sea derrotada.